El que calla otorga

Cancillería se negó a brindar información sobre el TISA y referentes uruguayos se oponen al acuerdo

EL QUE CALLA OTORGA

El Ministerio de Relaciones Exteriores se opuso a presentar ante la justicia la información que posee acerca de las negociaciones que mantiene respecto al Acuerdo de Liberación del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés). Su argumento se basa en que las negociaciones internacionales de este tipo tienen “necesariamente” un carácter reservado.  Personalidades de los distintos sectores de la sociedad uruguaya se pronunciaron en contra del acuerdo a través de una carta pública.

Acto en agosto de 2006 | Foto: Rebelarte

La respuesta que dio el ministerio a la intimación judicial que inició el fiscal Enrique Viana fue negativa. La Cancillería negó toda información sobre el tema aludiendo a que este es un “acuerdo entre Estados” y que la divulgación de su contenido e información vinculada, afectará los intereses de los otros Estados involucrados.

EN accedió al documento enviado por Cancillería. Con los doctores Carlos Mata y Mary Luz como representantes, el ente alega en su escrito: “nos permitimos señalar que las negociaciones internacionales -y más aún si las mismas se encuentran en curso- tienen, necesariamente, un carácter reservado pues, de desconocérsele dicha naturaleza, implicaría no solamente exponer la posición del país en las mismas sino la de otros sujetos de Derecho Internacional de lo cual se derivaría necesariamente, la responsabilidad del Estado”.

Continuando con su réplica, se resguarda en los artículos 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución de la República. Con esa cita pretende explicar que el Ministerio está autorizado por la Constitución a “concluir y suscribir tratados” pero no podrá “ratificarlos” hasta la aprobación del Poder Legislativo porque este será el encargado de “aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras”.

A la presentación del escrito se le adjunta también un informe enviado al canciller Rodolfo Nin Novoa desde la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales y Dirección de Organismos Internacionales Económicos, donde se le notifica cuáles han sido los movimientos del gobierno en cuanto al TISA.

Concretamente se explica que tiene como base jurídica el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y que las negociaciones se llevan a cabo en Ginebra pero fuera del ámbito de la OMC. Informa que se han llevado a cabo 12 rondas de negociación, de las cuales Uruguay solo asistió a dos: las realizadas del 9 al 13 de febrero y las del 13 al 17 de abril de 2015.

Tiene la palabra

EN entrevistó a Viana y al ser indagado por la resolución contestó: “Esta respuesta era una posibilidad, pero el informe es discutible y debatible”. Explica que la respuesta “entre líneas” de Cancillería es “sí, estamos negociando algo pero no vamos a decir nada más”. Viana dice que su intención con la intimación es “advertir” sobre las consecuencias que puede implicar continuar con las negociaciones; el Estado, al avanzar en las rondas, se va “comprometiendo” con el resto de los involucrados al punto tal que en un momento se hará imposible retroceder. “Pretendo que se entienda que el TISA no es perjudicial porque sea un ´mal negocio´ para el país sino porque está siendo inconstitucional. Allí está lo grave”, aseveró. “Lo que las trasnacionales están haciendo es un ´trabajo de cirugía´, pretenden ir desarticulando lentamente a su enemigo, en este caso los Estados, ya que son quienes impiden que estos se apropien de todo”, explicó. Afirma que continuará adelante con el proceso judicial, pero “se estudiará” el modo más conveniente de proseguir.

Libre expresión

El 22 de mayo, políticos y referentes de la sociedad uruguaya realizaron una declaración pública en la cual expresan su preocupación respecto a la participación de Uruguay en el TISA. La carta se publicó en La Diaria y la firman 51 personas, entre las que figuran el dirigente sindical del PIT-CNT Marcelo Abdala, el ex y el actual rector de la Universidad de la República Rodrigo Arocena y Roberto Markarián, los senadores Constanza Moreira y Enrique Rubio, los diputados Macarena Gelman y Roberto Chiazzaro, los ex ministros Daniel Olesker y Roberto Kreimerman y los músicos Gabriel Peluffo y Jorge Schellemberg.

Allí explican concretamente sobre qué trata el TISA y alertan sobre las consecuencias política-económicas que deberá afrontar Uruguay si llega adherirse a este tipo de acuerdo. Una de ellas es el “debilitamiento” en la protección de los trabajadores uruguayos tras la “concesión de trato nacional a las empresas extranjeras”, la cual “elimina” de las prioridades a las nacionales, tanto públicas como privadas. También implicará el “retroceso del Estado como motor del desarrollo”, dicen, dado que el acuerdo no reconoce las “profundas asimetrías” entre los países y permitirá un exceso de importaciones  y eso “atará” al Estado a eventuales desequilibrios en la balanza de pagos permitiendo el monitoreo del Fondo Monetario Internacional, lo cual solo significará un “amparo” para el país exportador. Explican que la estrategia con la cual operan los gobiernos de los países desarrollados involucrados en el TISA es la de “patear la escalera” por la cual intentan ascender el resto de los países, impidiendo así que continúen con el desarrollo de “capacidades y tecnologías” que ellos ya alcanzaron.

EN habló con Roberto Chiazzaro, diputado socialista y partícipe del grupo. Explicó que la iniciativa de la carta surgió como respuesta a las decisiones que viene tomando el gobierno y la escasa información liberada. “Hablamos con [Gerardo] Caetano y surgió la propuesta. Nuestra intención fue convocar a todas las personas de todos los sectores que estén de acuerdo con la iniciativa (del ambiente cultural, político, intelectual, universitario) y plantear la preocupación que existe por la adhesión de Uruguay al acuerdo”, expresó.

Asimismo, afirmó que el objetivo es dejar claro que el país tiene “mucho para perder y poco para ganar”. Insistió sobre la “transparencia” que debe tener el gobierno con la población y que, por ese motivo, en la carta se reclama un debate público “genuino y profundo”.  Al ser consultado sobre la respuesta que dio Cancillería a la intimación de Viana, respondió: “El ministro [Rodolfo Nin Novoa] explicó que no se puede dar la información. Yo entiendo la situación. No es que el gobierno negocie en secreto sino que el acuerdo solicita que así sea pero, de todas formas, no es el modo de hacerlo. El presidente [Tabaré Vázquez] es sensible a la opinión pública; él puede percibir cuando la sociedad no acompaña en las decisiones. Es un hombre inteligente que sabe comprender cuando algo tiene que cambiar de rumbo”. Él, como el resto de los participantes de la iniciativa, espera que el gobierno atienda esta preocupación y se retire de las negociaciones por ser consideradas “desfavorables” para el país. “Esta fue la primera etapa. Se espera que puedan concretarse futuras charlas para informar a la población”, anunció.

En la misma línea, el dirigente sindical Marcelo Abdala dijo a EN: “La carta refleja con mucha amplitud una mirada crítica del TISA pero, además, introduce una perspectiva sobre los acuerdos y Tratados de Libre Comercio entre los países desarrollados y subdesarrollados. Actualmente estamos ante trasnacionales disfrazadas de Estados que pretenden dibujar un nuevo orden mundial”. Sostuvo también que es muy valorable que referentes de los distintos ámbitos de la sociedad se “comprometan” y manifiesten su postura. Y agregó que “estaría bueno que las organizaciones de la sociedad tomaran en cuenta esta resolución”.

Cynara García